TD/B/60/7
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empleo ha ido siempre a la zaga, lo que ha despertado el espectro de un aumento del
desempleo y del proteccionismo. Esos problemas económicos de los países desarrollados
están empezando a manifestarse en las economías en desarrollo y en transición a través de
una menor demanda de sus exportaciones, un aumento de la volatilidad de los flujos de
capital y de los precios de los productos básicos y una reducción de la ayuda para el
desarrollo.
12. Los principales países desarrollados adoptaron políticas monetarias y fiscales
anticíclicas y expansivas, especialmente los Estados Unidos de América, inmediatamente
después del inicio de la Gran Recesión. Es evidente que en algún momento habrá que
abandonar esas políticas de estímulo. El momento, el ritmo y el modo apropiados para dejar
de aplicar políticas anticrisis dependerán del estado de la economía y de la salud del sistema
financiero. Sin embargo, un temor exagerado a mantener los estímulos demasiado tiempo y,
presuntamente, distorsionar así los incentivos privados y crear riesgos para la inflación y la
estabilidad financiera y fiscal, ha llevado a algunos países a aplicar medidas de
consolidación fiscal incluso antes del inicio de una recuperación autosostenida. Con ello se
corre el riesgo de desencadenar una espiral descendente de menor crecimiento, inversión y
demanda, sin resolver por ello el problema del endeudamiento excesivo.
13. A fin de evitar que un entorno de dificultades económicas, que probablemente no
desaparecerán en los próximos años, repercuta negativamente en los países en desarrollo, la
adopción de una batería de medidas de política económica y de reformas institucionales en
los planos nacional e internacional puede ayudar a mejorar los niveles de vida en esos
países, así como su resiliencia a los impactos externos (en particular, mediante la
acumulación de reservas y la instauración de controles a los movimientos de capitales), y
facilitar el logro de su objetivo de integrarse de manera equilibraba en la economía global.
En el plano internacional, es crucial volver a regular el sistema financiero internacional e
impedir que las disciplinas multilaterales y los acuerdos bilaterales de comercio e inversión
invadan el espacio de políticas de los países en desarrollo, espacio que sigue siendo
necesario para fomentar las capacidades productivas del país y con ello estimular el
crecimiento incluyente.
14. Potenciar la repercusión del crecimiento en la creación de empleo y aumentar la
proporción de los salarios son aspectos de especial importancia para lograr un crecimiento
incluyente. En muchos países en desarrollo donde crece muy rápidamente la fuerza de
trabajo, sobre todo en las zonas urbanas, la creación de empleo sigue siendo la única
manera segura de luchar de manera sostenida contra la pobreza. Sin embargo, si se quiere
conseguir un desarrollo incluyente, el empleo también tiene que propiciar un constante
aumento del ingreso de las familias y una expansión de los mercados locales. En este
sentido, en muchos países en desarrollo y economías en transición la proporción de los
salarios (dentro del ingreso nacional) se ha reducido desde principios de los años ochenta.
Este fenómeno es principalmente consecuencia de la adopción casi universal de estrategias
de crecimiento orientadas a la exportación durante los años ochenta y noventa, que llevó a
las empresas de las economías en desarrollo y en transición a tomar sus decisiones sobre
salarios y empleo en función de la demanda externa y la competencia en los mercados
mundiales. La reducción de la proporción de los salarios se acentuó por otros factores,
como los avances tecnológicos, la globalización del comercio, la financiarización y la
reducción de la densidad sindical, factores todos ellos que han mermado la capacidad de
negociación de los trabajadores.
15. Unas políticas macroeconómicas más adecuadas, junto con unas políticas activas en
el mercado de trabajo, pueden ayudar a controlar las amenazas que se ciernen sobre el
empleo. Las políticas de ingresos y empleo, como la implantación por ley de un salario
mínimo legal, complementadas con un mayor empleo público, pueden despejar esas
amenazas, junto con estrategias encaminadas a mejorar la viabilidad de la producción en